| Política de ruptura |

@ Editorial ABC (www.abc.es)


EL Gobierno socialista ha excluido al Partido Popular del acuerdo sobre otra materia relevante para el Estado. En este caso ha sido la Defensa nacional. La ley de Defensa ha salido adelante en el Congreso de los Diputados por el pacto del PSOE con los grupos minoritarios. El dato es revelador: el Grupo Socialista admitió a Esquerra Republicana de Catalunya el 66 por ciento de sus enmiendas, y a Izquierda Unida, el 56 por ciento. Al PP, sólo una. El motivo formal del desacuerdo es la autorización preceptiva de Naciones Unidas a las intervenciones militares en el extranjero. Se trata de una ruptura provocada por el Gobierno, porque el pacto previo con el PP disponía que tales intervenciones debían estar amparadas «o» conformes con las resoluciones de la ONU. Basta recordar que en 1999 el PSOE votó en el Congreso a favor de la intervención militar de la OTAN contra Serbia con motivo de la limpieza étnica en Kosovo, a pesar de que los bombardeos aliados nunca tuvieron el respaldo de Naciones Unidas. Si entonces se hubiera aplicado este criterio, España, en aras de la legalidad internacional, habría permanecido impasible ante el último genocidio europeo. Y esto es lo que puede suceder en cualquier momento, tal y como se encuentra internamente la ONU. El argumento socialista de que el PP pretende una convalidación sobrevenida de la guerra en Irak carece de razón, porque el propio Consejo de Seguridad amparó en junio del pasado año la intervención aliada, con el voto, por cierto, del Gobierno del PSOE.

Por tanto, la apasionada defensa de la legalidad internacional que ahora exhibe el Gobierno en la aprobación de la ley de Defensa ha sido una excusa para hacer imposible el acuerdo con el PP en una materia que se había mantenido siempre en el rango de pacto de Estado. Y ya no es un hecho aislado. La puntualidad con la que el PSOE acude a sus citas con los grupos nacionalistas y de extrema izquierda se ha consolidado como una política deliberada de ruptura con el Partido Popular, que avanza de forma inexorable a otros ámbitos políticos no menos importantes que el de la Defensa nacional, como la reforma de la Justicia, el nuevo sistema educativo, la política antiterrorista o el modelo de Estado. Exactamente lo que ERC y el Partido Socialista de Cataluña acordaron: que no hubiera pactos con el PP ni en Madrid ni en Cataluña. La política parlamentaria admite, como es lógico, que el Gobierno y la oposición defiendan sus posiciones con tensión y enfrentamiento, pero existen límites coincidentes con los intereses superiores del Estado que no pueden ni deben estar sometidos a las alteraciones que provocan las elecciones, porque de ellos dependen la estabilidad del sistema institucional y la confianza de los ciudadanos en el propio juego de la alternancia política.

El Gobierno socialista, sin embargo, se aplica con rigor a una política de pactos con fuerzas que no ofrecen al país propuestas beneficiosas para el interés general o directamente las que proponen atentan contra este interés. La doblez del lenguaje, la oferta engañosa de diálogo o la apelación a un consenso que se aborta antes de nacer son prácticas que el Gobierno está instaurando como normales pese a la gravedad de sus consecuencias. Y además lo hace con una llamativa falta de pudor, que es la que ha permitido que el Ejecutivo se apoye sin inmutarse en el grupo de su denostado Carod-Rovira, quien no es precisamente un teórico de la Defensa -con mayúscula y minúscula- de España.

El PSOE gobierna como si tuviera mayoría absoluta y hace concesiones a quienes son grupos netamente minoritarios, aunque su influencia sobre la acción del Ejecutivo sea desproporcionadamente alta respecto de su representación parlamentaria. El problema que plantea esta forma de hacer política es de fondo, porque está cuajando en leyes, algunas muy decisivas para el sistema político, que reflejan una estrategia muy clara de arrinconamiento del PP y, por tanto, de división interna de la sociedad sobre asuntos que, después de aprobadas y publicadas, seguirán fuera de un acuerdo político mínimo. Zapatero parece haber extraviado definitivamente el espíritu pactista que exhibió en sus tiempos de oposición, en los que llegó a acuerdos importantes con el Gobierno del PP. La cicatería que ahora demuestra en este apartado invita bastante al pesimismo y deja el «talante» y la «legislatura del diálogo» en el almacén de las palabras vacías y de la simple propaganda.

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